Una posible cuestión de competencias desasistidas

Resulta curioso constatar la diferencia del precio de un billete de avión Madrid- Dusseldorf con el de Madrid-Gran Canaria. Los tiempos de vuelo son similares en ambos trayectos, se utiliza el mismo tipo de avión, cuenta con similar nivel de ocupación, superior al 80% y hasta puede ser el mismo operador. Sin embargo, el precio que pagan los canarios, con descuento de residente incluido, es notablemente superior. Misterio…,  o quizás, no tanto,

No tanto, si asumimos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no juega el papel con suficiente diligencia. Solo tendría que hacer un estudio de mercado en Europa y complementarlo con un análisis académico de costes, situándose siempre en la peor de las condiciones. Con solo eso podría deducir que hay trampas, que debe haber un acuerdo tácito no oficial, por el cual los operadores se parten de la risa con el Gobierno, mientras perjudican la movilidad de los canarios con la Península.

Resulta que venden un billete por encima de su valor y después el Gobierno les abona la mitad de esa cantidad por residente. Lo extraño que puestos a la tarea, ¿Por qué no incrementar todavía más el billete?, cada euro que suba, recibirá el 50% adicional, con lo que hasta se puede permitir el lujo de ir con el avión medio vacío.

Han conseguido subvertir el espíritu que animó la creación de la subvención por residente y quedarse con ese dinero, mientras los políticos de turno de Madrid cacarean los magnánimos que resultan con los pobretones canarios que, encima, no paran de quejarse. Todo sea por la cohesión territorial, dicen comprensivos; la misma, decimos nosotros, que han aplicado para expoliar los aeropuertos canarios en beneficio de los fondos de inversión y de la gran banca.

Magnánimos sí, pero con los operadores, no con los canarios. Ningún político o funcionario responsable parece percibir que algo no funciona y que es hora de buscar soluciones. La más inmediata, eliminar la trampa del descuento de residente y hacerla desaparecer, sustituyéndolo, si acaso, por “obligaciones de servicio público” en determinadas líneas.

Es fácil, se saca a concurso un precio base del billete, determinado con costes medios estimados y un 65% de ocupación para cubrir, por ejemplo, tres conexiones diarias de ida y vuelta con Madrid desde Gran Canaria. El adjudicatario venderá billetes al precio de su oferta y recibirá del Gobierno una cantidad complementaria, también aprobada en el concurso. Es solo un ejemplo que requiere un esfuerzo de profundización planteándolo con el resto de las islas y conexión con otros dos o tres destinos en la Península

Lo no adjudicatarios, si quieren seguir participando en el negocio, tendrán que poner precios por debajo del concesionado, para lo cual, queda margen de maniobra y un escenario de demanda creciente cuando los precios se hagan asequibles. Pero es que además, habría que añadir la demanda de peninsulares que tendrían también un precio inferior, el mismo que pagan los canarios, solo que, en este caso, las compañías no recibirán subvención adicional por ellos.

No parece aceptable que quienes aceptan competencias, de la naturaleza que fuera, no se encuentren en la obligación paralela de atenderlas, aunque solo sea para explicar que estamos confundidos.

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